Resumen
La Comunidad de Linha es un asentamiento de bajos ingresos de unos 700 habitantes. Desde 2012, la comunidad lucha contra la empresa Transnordestina, que en 1997 obtuvo la concesión de una red ferroviaria en el nordeste brasileño y ahora, 25 años después, pretende desalojar una zona alrededor de la línea ferroviaria, obteniendo órdenes de desalojo para las familias que viven allí, sin ofrecer una alternativa. En estas circunstancias, y basándose en el aviso de demolición, el movimiento Comunidad de Linha Resiste ha realizado protestas y lanzado varias campañas que han provocado retrasos en el desalojo de las familias y la destrucción de sus viviendas.
Análisis del problema
La comunidad de Linha, en el barrio de Ibura, en Recife (Pernambuco), es un asentamiento de bajos ingresos marcado por la ausencia de saneamiento básico, que cuenta con aproximadamente 700 residentes, de los cuales más del 80% son población afro-brasileño y el 66,5% son mujeres. El salario promedio de la mayoría de las familias es inferior a un salario mínimo. Estos datos proceden de una investigación socioeconómica realizada por la propia comunidad para incorporarlos a su lucha legal.
Desde 2012, la comunidad lucha contra una orden de desalojo presentada por la empresa Transnordestina que, en 1997, obtuvo la concesión de una Red Ferroviaria del Nordeste y ahora, 25 años después, reclama la recuperación de un área alrededor de la línea ferroviaria que atraviesa la comunidad. En 2021, durante la pandemia de COVID-19, el conflicto se intensificó, cuando uno de los juicios fue fallado a favor de la empresa, condenando a una primera veintena de familias al desalojo forzoso sin ser ofrecidos viviendas alternativas.
Para dispersar a los residentes, la empresa decidió dividir la demanda en cinco juicios separados, relacionados con el tamaño de las zonas que debían desalojarse en torno a la vía férrea, que varían de 6 a 21 metros. La más pequeña de ellas amenaza a 155 residencias, mientras que la mayor afectaría a 210. Veinte residencias ya han sido condenadas a la demolición.
Solución del problema
En estas circunstancias, y a partir de la notificación de demolición, el movimiento Linha Comunidade Resiste ha realizado protestas y lanzado diversas campañas que han conseguido retrasar el desalojo de las familias y la destrucción de sus casas.
La comunidad sensibilizó a la opinión pública de la ciudad con una manifestación en una avenida muy transitada, con amplia cobertura mediática, especialmente por las restricciones sanitarias en el contexto de la pandemia de COVID-19, con el lema "quédate en casa". Una contradicción, ya que la recomendación de quedarse en casa fue incumplida por el propio Estado, a través de una empresa concesionaria que promueve desalojos forzosos.
En este contexto, varios asesores y movimientos sociales se unieron a los residentes, y se formó el Colectivo Linha Comunidade Resiste. Esta coalición ideó una serie de tácticas para movilizar apoyos, que implicaban ejercer presión en el territorio, movilizar a los residentes mediante asambleas, debates en cines, actividades culturales e iniciar interacciones puerta a puerta.
A través del Centro Popular de Derechos Humanos (CPDH) y la Cooperativa Arquitectura Urbanismo y Sociedad (CAUS) se realizaron estudios sociales y se desarrollaron alternativas urbanas frente al conflicto. Estos estudios se presentaron en audiencias públicas en la Cámara del Ayuntamiento de Recife y condujeron a la apertura de una mesa de negociación interinstitucional para buscar una solución de alojamiento para la comunidad.
Otro frente importante fue la participación en la Campaña Nacional Cero Desalojos, una red de movimientos y organizaciones sociales de todo el país, unidos contra los desalojos en 2020; esta movilización nacional llevó a la suspensión de los desalojos durante la pandemia en Brasil a través de una medida del Tribunal Supremo inicialmente hasta finales de 2021, siendo prorrogada primero hasta marzo de 2022, y luego hasta octubre de 2022.
Análisis de las partes interesadas
¿Qué partes interesadas (ONG, gobierno, sector privado) identificó como aliados y cómo los involucró?
Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto: MTST)
Movimiento Unificado de los Sin Techo (MUST)
Centro Popular de Derechos Humanos (CPDH)
Cooperativa de Arquitectura, Urbanismo y Sociedad (CAUS)
Campaña Nacional Despejo Zero (Campaña Nacional Desalojo Cero)
Vecinos del barrio
Apoyo político y financiero del concejal Ivan Moraes, el concejal Dani Portela y los co-diputados
Laboratorio Espacio y Política (Laboratório Espaço e Política) de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE)
También se ejerció presión institucional, movilizando a actores como la Defensoría Pública de la Unión (DPU) y el Ministerio Público (MP).
La movilización de todos estos actores tuvo lugar, por ejemplo, para apoyar reuniones, asambleas, actos públicos, asesoramiento jurídico, investigación, un plan urbanístico, campaña de comunicación, entre otras acciones.
¿Qué partes interesadas identificó como neutrales y cómo las movilizó?
Las autoridades municipales y el Gobierno del Estado, que no tienen intereses directos en la zona y dicen que el proceso es federal. Participaron en audiencias públicas y fueron presionados para formar la mesa de negociación interinstitucional
¿Qué partes interesadas identificó como adversarios y por qué se oponían?
La Empresa Transnordestina, concesionaria de la red ferroviaria que reclama la propiedad de la zona en la que se encuentra la Comunidade Linha.
¿De qué forma involucró a sus beneficiarios en el análisis de partes interesadas/la campaña?
Se celebraron reuniones continuas para debatir la dirección de la coalición y definir los próximos pasos. El contacto constante ayudó a que varios residentes se implicaran en las actividades en distintos momentos y hasta el día de hoy se sigue movilizándose en el territorio.
Breve descripción de la organización que implementa la acción/campaña
La Comunidade da Linha Resiste es un colectivo articulado entre residentes, asesores técnicos y movimientos sociales, surgido en 2021 a partir del contexto de violaciones de derechos y agravamiento de conflictos que involucraban a la Comunidade de Linha, en Recife/Pernambuco, y a la empresa Transnordestina , con amenazas de desalojo de la comunidad. Esta red llevó a cabo diversas acciones, como la movilización de los habitantes en asambleas, cine-debates, actividades culturales, acciones de incidencia política ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la realización de estudios sociales y urbanos, además de acciones y campañas de comunicación. También participaron otros actores, como movimientos sociales, universidades, parlamentarios, así como redes nacionales de lucha contra los desalojos. Estas acciones tuvieron como resultado el aplazamiento de la expulsión de las familias y la destrucción de las casas. No existe una estructura jerárquica, se decide todo en asambleas y reuniones, teniendo siempre en cuenta los deseos de la comunidad, dentro de las limitaciones de cada situación.
Action period
Febrero 2021 – presente
Objetivos
1. Evitar los desalojos en la Comunidad de Linha
2. Buscar alternativas de viviendas para las familias que tuvieron que ser desalojadas.
3. Fortalecer la lucha por el Derecho a la Ciudad.
Resultados
1. Además de la movilización comunitaria, se destaca una victoria en las negociaciones, con la reducción del tamaño del área de desalojo sugerida por la empresa Transnordestina y, en consecuencia, del número de familias a desalojar.
2. Indicación por parte de las autoridades municipales de la donación de un terreno cercano para reasentar a las familias afectadas.
3. El inicio de un proyecto de extensión universitaria, con el Laboratorio de Espacio y Política de la UFPE.
Descripción de las actividades preparatorias
1. Campaña de comunicación.
2. Estudios sociales.
3. Plan de movilización de apoyo de emergencia.
4. Influir en las autoridades públicas.
5. Seguimiento de casos legales.
Descripción de la implementación
1. Crear una identidad visual para promover la lucha de la comunidad tanto dentro como fuera del territorio, llamando la atención sobre los desalojos forzosos.
2. Para hacer público el impacto real, se denunció abiertamente el número de personas vulnerables en el territorio (datos obtenidos a través de un censo comunitario).
3. Creación de un plan urbanístico alternativo con regularización del suelo como alternativa a los desalojos forzosos. Este plan fue redactado en una alianza entre residentes y asesores técnicos.
4. Promoviendo reuniones y sesiones de audiencia pública.
5. Seguimiento de las acciones judiciales contra la comunidad, con el apoyo de asesores técnicos; también se buscó el apoyo de órganos públicos como la Defensoría Pública y el Ministerio Público Federal.
Costos
Los gastos incluyeron alimentación, transporte y alquiler de equipos, así como gastos de comunicación. Se contó con el apoyo de los concejales Ivan Moraes y Dani Portela, financiación del CPDH, además de dos proyectos aprobados por la ONG CESE.
Seguimiento
El seguimiento se llevó a cabo de forma continua a través de reuniones y asambleas.
